A raíz de la información publicada hoy en El País, basada en datos de Wikileaks que evidencian una estrategia conjunta a favor de los trangénicos de los gobiernos de España y EEUU, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, COAG, Plataforma Rural y CECU exigen que la política española sobre organismos modificados genéticamente (OMG) deje de estar controlada por Marino, Rosa Aguilar, que adopte las medidas oportunas, tome inmediatamente cartas en el asunto exigiendo responsabilidades a quienes, escandalosamente, han trabajado para favorecer los intereses de las grandes multinacionales biotecnológicas en detrimento de los del conjunto de la sociedad, de la salud pública y del medio ambiente.
Desde hace más de una década el Gobierno de España ha defendido prácticamente en solitario el cultivo de transgénicos en la UE, y es el único país que ha tolerado su cultivo a gran escala (según datos del propio ministerio, se cultivan entorno a 70.000 hectáreas de un maíz modificado genéticamente de Monsanto). Y lo ha hecho sin cumplir con las normas europeas y españolas de transparencia, sin seguir los productos a través de la cadena alimentaria, sin obligar a etiquetar los alimentos transgénicos y sin realizar seguimiento alguno de los campos cultivados con estas peligrosas semillas. Los datos hechos públicos ahora explican por qué se ha permitido que campeen las multinacionales y una moratoria inmediata a su cultivo en España. Las organizaciones de agricultores, ecologistas y consumidores exigen a la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y a sus anchas las multinacionales del sector, a pesar de los innumerables casos de contaminación genética y los daños sociales y económicos que estos cultivos han ocasionado.
Por ello es de vital importancia que la nueva ministra cambie inmediatamente la posición del Gobierno de España y que la primera medida sea prohibir el cultivo de maíz transgénico de Monsanto MON 810 para la próxima campaña de siembra, tal y como llevan haciendo desde hace años los gobiernos de hasta diez países de la UE (entre ellos Francia, Austria o Alemania) debido a las evidencias científicas sobre sus impactos en el medio ambiente, la imposibilidad de convivencia de la agricultura transgénica con la convencional y ecológica y las incertidumbres sobre sus efectos sobre la salud a largo plazo.
La prohibición del cultivo de transgénicos por parte del Ejecutivo español es imprescindible para poder defender los intereses de nuestro medio ambiente, nuestra agricultura y la salud pública, para que éstos no sigan en manos de la industria de los transgénicos, de los intereses de EE UU y de quienes, desde las instituciones españolas, los han apoyado abiertamente, tal y como ha quedado demostrado en los cables de Wikileaks.
Últimos comentarios