A continuación podéis leer el magnífico artículo sobre el caso TSJA-ENDESA publicado recientemente por María Gómez Martínez en el Odiel Información:
Al TSJA le han conmovido tanto las palabras poéticas de Juan Ramón Jiménez, que ha decidido mantener el edificio de la nueva térmica. Y es más, ha multado al Ayuntamiento de Huelva con 7,1 millones de euros (a cuánto cabemos?) por haberse retrasado en otorgar una licencia para comenzar unas obras que ya están casi acabadas y para las que la empresa no ha tenido en cuenta tampoco la preceptiva Autorización Ambiental Integrada. Por donde pisa el caballo de las eléctricas no vuelve a crecer la yerba de ningún Ayuntamiento ni de ninguna ley medioambiental. Si las víctimas de semejante muestra de prepotencia nos pusiéramos a pensar en la humillación a que nos someten constantemente estos gigantes de la energía, si fuésemos capaces de dolernos y sentirnos heridos en nuestra dignidad, no habría central térmica que tuviera la valentía de pisar media hectárea de la ría de nuestras vidas. Si fuésemos conscientes de que la protección de la salud de los andaluces termina en la provincia de Sevilla –con perdón-, no cabríamos hoy en la Gran Vía de Huelva a las ocho y media de la tarde.
Si la Junta de Andalucía quisiera mostrar las cifras del presupuesto que se gasta en paliar los efectos que sobre la salud de las personas causa el Polo Químico, si reconociera el desastre humano y ambiental que provoca y la cantidad de enfermedades a las que la seguridad social y la Consejería de Salud deben hacer frente, habría demandado a cada una de estas fábricas y exigiría indemnización como hace con las empresas tabaqueras. Yo no fumo; yo vivo en Huelva, señora consejera, deberíamos gritar para exigir igualdad de trato.
También el tan alto Tribunal se ha posicionado al lado del capital venenoso y ha dejado desamparados de nuevo a los pobladores de esta ciudad maldita y maldecida, a quienes no tenemos más herramienta para gritar contra los que nos matan lentamente que unas cuantas palabras escritas –si nos dejan- y alguna manifestación que otra delante de las instituciones públicas y conniventes. De nuevo el castigo a quienes tuvimos la suerte de nacer y vivir en el filo del tercer mundo. De nuevo se premia al autor sus derechos a quemar; quien contamina, cobra. Cobra de los impuestos públicos, de nuestro erario, de lo que iría para el Festival de Cine, ahora se lo llevan ellos, que pintan poemas mientras manchan pulmones. Con toda la desfachatez y la arrogancia nos roban la poesía y el aire, para que no nos quede posibilidad de bienestar ni física ni emocional. Mirad qué hacemos nosotros con vuestro poeta universal, mirad qué hacemos con el espacio público, mirad qué hacemos con vuestras leyes y mirad qué hacemos con vuestra salud, parecen decir. Ya se dijo aquí que les conviene cerrar todas las posibles salidas; ni por el mar ni por las estrellas.
Podríamos hacer con nosotros mismos una prueba de orgullo y de dignidad y pensar qué haríamos con 7,1 millones de euros. Pero, cuidado, que siendo como es una cifra considerable para una ciudad como la nuestra, no supone para la eléctrica ningún varapalo económico, así que nada mejor que negociar con el Ayuntamiento la no ejecución de la sentencia a cambio de que éste no la recurra. Ahí es precisamente donde debemos estar todos. Esta tarde deben oírnos desde la calle. Más alto que nunca.
María Gómez Martínez
Quiero felicitar a María porque a puesto por escrito lo que pensamos miles de onubenses. Cuánta injusticia, esta ciudad es maltratada, manipulada, explotada, y sus habitantes son considerados ciudadanos provincianos, de tercera, los del córner. Dónde están los líderes de esta ciudad para llamar a las cosas por su nombre, dónde está la Junta de Andalucía con competencias y responsabilidades en estos asuntos. Sin duda, mirando para otro lado, haciendo dejación de funciones, también ellos son responsables de los agravios y del incumplimiento de las normas, y serán los que tengan que explicarles a los habitantes del futuro cuál fue su comportamiento cuándo estaban para velar por los intereses de los ciudadanos. Las administraciones (ayuntamiento, junta, costas, estado, comunidad europea)deben de una vez por todas afrontar el desatre medioambiental existente en Huelva, dejen de mirar para otro lado, dejen de actuar con el quiero pero no hago, y recurran al Supremo, a Europa o a Naciones Unidas, pero no permitan que se escriba una nueva injusticia que hipotecará esta ciudad otros cincuenta años, no permitan que éste sea el legado que quede para nuestros nietos.