S.H. / Huelva | Actualizado 31.01.2009 - 01:00El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha solicitado a la Junta de Andalucía que inicie “con la mayor brevedad posible” los trámites necesarios para revocar la Autorización Ambiental Integrada (AAI) concedida a Fertiberia por “carecer del amparo del título administrativo necesario cuando se trata de utilizar el dominio público marítimo-terrestre para usos distintos a los comunes y propios del demanio natural y suponer un peligro para la integridad y buena conservación del mismo”.
Dicha resolución parte de una queja de oficio abierta por la institución a la Consejería de Medio Ambiente en junio del pasado año 2008, cuando ésta tuvo conocimiento de que la Junta de Andalucía había concedido a Fertiberia la AAI, permiso ambiental imprescindible para continuar con su actividad. La Autorización se concedía a pesar de la sentencia de la Audiencia Nacional por la que se declaraba la caducidad de la concesión para el depósito de fosfoyesos en la marisma.
El Defensor requirió la documentación de la AAI a la Junta de Andalucía y comprobó que la Junta había solicitado al Servicio Provincial de Costas la evaluación de la solicitud planteada por Fertiberia. No obstante, y según se indica en la resolución, hasta el momento de finalizar el correspondiente procedimiento “no se había obtenido respuesta de la Administración”.
El Defensor se dirigió entonces a Costas, que contestó a José Chamizo que había informado “desfavorablemente” (aunque la respuesta se remitió el día que se cerraba el procedimiento) del otorgamiento de la autorización a Fertiberia porque la empresa no había presentado el cese de los vertidos en las condiciones señaladas para dar cumplimiento a la sentencia de la Audiencia Nacional, “con lo que se desconoce en que condiciones se desarrollarían las actividades que serían objeto de la AAI”.
Por todo ello, el Defensor pide la revocación de la AAI actual, aunque señala que dado que está siendo estudiado entre el Ministerio, la Junta de Andalucía y la propia empresa un plan de desmantelamiento para dar cumplimiento a la sentencia, la Junta “podría valorar la posibilidad de conceder una nueva AAI a la empresa para el tiempo y las condiciones que se contemplen en la concesión administrativa que, en su caso, otorgue el Estado”. En cualquier caso y para evitar los efectos negativos en el empleo de la zona que pudiera causar la paralización inmediata o a corto plazo de una industria de este tipo, la institución considera que la Junta “debería de propulsar políticas tendentes a garantizar la ocupación de aquellos empleados que se pudieran ver afectados por tal cierre”.
ÚLTIMOS COMENTARIOS