Plataforma Mesa de la Ría

Artículo en Choco Tóxico

El 20 de abril de 2010 se presentaron en Huelva los primeros resultados del proyecto piloto encargado por el Ministerio de Medio Ambiente a la empresa Tragsatec para la recuperación de las balsas de fosfoyesos. Aquella presentación se hizo públicamente en la sede de la Delegación del Gobierno en Huelva con la presencia del Secretario General del Mar, el Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva y del Consejero de Medio Ambiente.

En agosto de 2010 estuvo por estos lares la profesora Carmen Pérez, codirectora del Proyecto encargado por Tragsatec al Grupo de Contaminación de Suelos de la Universidad de Murcia, y convocados los medios de comunicación en las mismismas balsas, informó a la opinión pública que se estaba trabajado, por un lado, en dos parcelas de 900 metros cuadrados cada una, en una de ellas, llamada de “referencia”, que se iba a monitorizar para la obtención de muestras y, por otro, que se iban a colocar unas “barreras activas” en los bordes de las balsa donde existen “aguas que drena”, que “harían las veces de cortafuegos”, saliendo a través de ellos el agua depurada. El compromiso de tener informada a la opinión pública parecía seguir cumpliéndose, al menos de forma aparente. La noticia en Huelva Información (pincha aquí)

El 30 de noviembre de 2010 se anunció en rueda de prensa, a bombo y platillo, y con un banda sonora a todo trapo de épicas fanfarrias, el parto de las conclusiones de Tragsatec, recopiladas en la “Propuesta de recuperación y regeneración de las zonas afectadas por los vertidos de fosfoyesos de la empresa Fertiberia”. Allí estuvieron, en carne mortal, el Director General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Pedro Antonio Ríos, junto con el Consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo. Dicha propuesta y el proyecto piloto fueron inmediatamente colgadas y accesibles para todos los ciudadanos en la página web del MARM (pincha aquí).

Las críticas al proyecto piloto contenidas en ese plan comenzaron a arreciar, lo que hasta entonces habían sido criticas aisladas, se convirtieron en un clamor frente a dicho proyecto, hasta el punto de que el principal partido de la capital, incluyó en su campaña para las pasadas elecciones municipales, la retirada de los fosfoyesos de la marisma, el reverso de lo pretendido por el ente Ministerio-Junta- Fertiberia-Tragsatec-PSOE. Indudablemente, esta postura electoral en modo alguno puede considerarse arriesgada, sino que era una apuesta sobre seguro, puro funambulismo con red, pues gozaba del favor de la mayoría de los onubenses, contrarios al mero apaño de apariencia cosmética propuesto por el proyecto de la cubrición de los fosfoyesos proyectado por Tragsatec.

Desde entonces, diciembre de 2011, ni una rueda de prensa más, ni una aparición pública. La transparencia informativa respecto al futuro de los fosfoyesos desapareció de un plumazo. Basta echar un vistazo a la hemeroteca de los distintos medios de comunicación para comprobarlo. De hecho, tras la presentación del proyecto piloto, el 30 de noviembre de 2010, se han producido reuniones entre representantes del MARM, de la Consejería de Medio Ambiente y Tragsatec, con representantes de asociaciones ciudadanas (mesas de la ría) y ecologistas, para explicar los avances y novedades del proyecto y recibir propuestas y alegaciones. Nada trascendió de esas reuniones.

El temor se tornó realidad. A través, sin duda, de una filtración, que es como parece que nos tendremos que ir enterando del secretísimo proyecto, del que ni el Ministerio, ni la Consejería quieren informar a la opinión pública, el Huelva Información nos mirindó el pasado 6 de julio con la siguiente noticia: “Un estudio detecta en las balsas material 12 veces más radiactivo que los fosfoyesos”, los fosfoyesos negro (para leer la noticia pincha aquí)

Ante el calado y la trascendencia de la información, la Junta salió a la palestra para “traquilzarnos” diciendo que el proyecto secreto debía todavía ser informado por el Consejo Seguridad Nuclear. Todo un alivio, sobre todo tratándose de una institución que lleva años diciendo que en los fosfoyesos hay menos radioactividad que en los jardines de Versalles, por cierto, muchísimo más peligrosos para la salud de sus visitantes que nuestro parque temático fosfoyesero.

Resulta cuando menos extraño que, si el CSN asesoraba a la empresa Tragsatec, según la noticas inicialmente referidas, resulte ahora que el proyecto de Fertiberia, realizado tomando como base el proyecto de aquélla, sin embargo, no haya contado con el aval del CSN, el cual poco menos que se ha enterado de la existencia de los fosfoyesos negros por la prensa.

Esta vuelta al secretismo y la opacidad no puede ser consentida. Los ciudadanos de Huelva tenemos derecho a conocer el contenido de ese proyecto llamado “director”. Después de padecer 40 años de desmanes, como mínimo se nos debe respetar el derecho a ser informados de qué se pretende hacer con 720 hectáreas que son nuestras, ni de Fertiberia, ni del Ministerio, ni del sursuncorda.

Y este derecho a la información no se sustenta sólo en lo que debiera ser un comportamiento ético y responsable de las administraciones implicadas, sino que tiene un fundamento legal, que dichas administraciones se están saltando a la piola: La Ley del Parlamento andaluz 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

Dicha Ley dispone en su artículo 2 que son fines de la misma: (…) b) Garantizar el acceso de la ciudadanía a una información ambiental.

Y en el artículo 6, que entre las garantías en materia de información ambiental se encuentra: (…) d) Facilitar y difundir la información ambiental, por todos los sistemas a su alcance, particularmente mediante el empleo de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, prestando asesoramiento en la medida que resulte posible.

Pero es que además hay una Ley, la 27/2006, de 18 de julio, que exclusivamente regula los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

Pero está claro que aquí en Huelva, en materia de fosfoyesos, ni rige la Ley, ni los Reglamentos, ni las recomendaciones de la Unión Europea. Aquí sigue rigiendo la Ley del Silencio. Cuánto menos se informe a los ciudadanos mejor. El Proyecto de Fertiberia para la recuperación de las balsas de Fosfoyesos se ha convertido en un Expediente X, que tendrá su lugar destinado en el Almacén nº 13 de los misterios sin resolver del Consejero Díaz Trillo.