Las organizaciones ecologistas WWF y Greenpeace han presentado un escrito en la Audiencia Nacional para exigir la inmediata ejecución de la sentencia sobre Fertiberia, que declaraba extinguido el derecho de la empresa a realizar vertidos a la marisma del Río Tinto, en Huelva.
Según informaron ambas organizaciones en un comunicado, el escrito fue presentado el pasado día 25 y en él se exige el cese de los vertidos de fosfoyesos en el dominio público marítimo-terrestre, la limpieza de los terrenos contaminados, la devolución de los terrenos dados en concesión una vez restaurados y el depósito en garantía del cumplimiento de las anteriores obligaciones.
Con esta nueva actuación las ONG responden a la petición del Ministerio de Medio Ambiente realizada el pasado mes de julio ante la Audiencia Nacional, cuando el Abogado del Estado presentó un plan para el cierre ordenado de la fábrica.
Sin embargo, según las organizaciones, ese plan era “simplemente una breve presentación elaborada por la propia Fertiberia, que además había sido usado anteriormente por la compañía con motivo de su presentación al consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía”.
WWF y Greenpeace resaltan que en el Plan de Fertiberia no se habla de cuantías ni fechas del cese del vertido y que en el apartado referente a la limpieza no se explica cómo se va a descontaminar la zona, limpiar los depósitos o retirar los vertidos contaminantes.
“MERA REVEGETACIÓN” Y NO RESTAURACIÓN
Además –prosiguen–, la restauración propuesta es una “mera revegetación” y la opción que plantean en este sentido “no es válida”. Asimismo, denuncian que el plan no establece superficies ni fechas de devolución de los terrenos de dominio público marítimo-terrestre dados en concesión.
Las organizaciones ecologistas lamentan que, a pesar de que la resolución sobre el cese de los vertidos se dictó en 2003, aún no se ha ejecutado y recalcan que, según un informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), la actividad de Fertiberia en la concesión genera cada año tres millones de toneladas de fosfoyesos, el total acumulado durante los cuarenta años de producción asciende a 70 millones de toneladas y se extiende por 1.200 hectáreas.
Ambas ONG también destacan, que desde el día en que se declaró la caducidad de la concesión, la Dirección General de Costas dejó de cobrar el canon a Fertiberia sin exigir a cambio garantía alguna. En este sentido, las organizaciones recuerdan que, según la Ley de Costas, “se debió declarar la inmediata pérdida de la fianza y la constitución de un depósito que garantizase la limpieza de la marisma de dominio público y su devolución”.
“Es escandaloso que el Ministerio de Medio Ambiente ejecute la resolución de caducidad en aquello en lo que perjudica al interés público y no en lo que lo beneficia”, declaró el portavoz de Greenpeace Carlos Bravo.
