HUELVA, 19 (EUROPA PRESS)
En rueda de prensa tras haber mantenido una reunión con la plataforma, Lara indicó que la “contradicción laboral de los trabajadores que están ahora en las empresas contaminantes, hay que resolverlas buscándole alternativas a los trabajadores por parte de los responsables de las empresas y los gobiernos de turnos”.
En este sentido, Cayo Lara aseguró que no es posible “enfrentar a empleo y medio ambiente, porque es posible compatibilizarlo, tan sólo es necesario voluntad política y un cambio del modelo productivo”.
El coordinador general de IU aseguró que la Mesa de la Ría trabaja “por una causa justa” y defendió que sus peticiones están avaladas por “25.000 personas que han firmado un papel para cambiar la situación de la ciudad”.
En este sentido, el responsable de Organización del Consejo Andaluz de IULV-CA, José Luis Pérez Tapias, explicó sobre el debate entre salud, medio ambiente y empleo, que se da en el Polo Químico de Huelva, que “nadie está a favor de que se destruya empleo pero sí se reivindica que se avance hacia un modelo productivo diferente”.
Así, apuntó que “existen tecnologías en el mercado que pueden permitir el giro hacia otros procedimientos productivos”.
FIRMAS AL AYUNTAMIENTO
Por su parte, el coordinador provincial de IULV-CA y portavoz del partido en el Ayuntamiento de Huelva, Pedro Jiménez, indicó que mañana presentarán las 25.000 firmas en el Ayuntamiento de Huelva, tras haber estado en el Congreso de los Diputados hace una semana.
Jiménez exigió de las administraciones inversiones “para descontaminar” y precisó la necesidad de impulsar planes alternativos, a lo que añadió que las 1.200 hectáreas, 120 toneladas de fosfoyesos, 7.000 de materiales radiactivos “generan mucho empleo para regenerar esta zona”.
Además, el 13 de abril mantendrán un encuentro con el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, para trasladarle estas firmas y los encuentros con las instituciones.
Sobre la situación de Fertiberia, el también portavoz de la Plataforma Mesa de la Ría valoró que “no es admisible que la Junta de Andalucía pretenda ganar tiempo con esta comisión de expertos”, ya que, a su juicio, “el cumplimiento de la ley pasa por cesar los vertidos”.
