BRUSELAS, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra España por permitir que dos instalaciones dedicadas a la fabricación de fertilizantes a base de fósforo en Huelva, Fertiberia y FMC-Foret, están desarrollando su actividad “sin disponer de una autorización ambiental integrada (AAI) emitida en el plazo fijado”, según dijo hoy el comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas.
Dimas respondió así a una pregunta escrita planteada por el eurodiputado del grupo de los Verdes, David Hammerstein, en la que denunciaba que las autoridades españolas concedieron la AAI a Fertiberia el 28 de abril de 2008, cuando el plazo para conceder estas autorizaciones finalizó en España el 30 de octubre de 2007.
Hammerstein explicaba que Fertiberia piensa seguir vertiendo según su plan hasta el año 2012, lo que vulneraría la legislación comunitaria. Además, señalaba que no se ha previsto una reducción de vertidos ni un plan de regeneración de toda la superficie dañada y además no se está utilizando la tecnología más avanzada disponible para evitar efectos negativos.
“La Comisión ha incoado un procedimiento de infracción contra España basándose en el hecho de que dos instalaciones químicas ya existentes, dedicadas a la fabricación de fertilizantes a base de fósforo (Fertiberia y FMC-Foret) y que están ubicadas en el polo industrial de Punta del Sebo, en el municipio de Huelva (provincia de Huelva, Andalucía), están desarrollando su actividad sin disponer de una autorización ambiental integrada emitida en el plazo fijado”, asegura Dimas en su respuesta.
El Ejecutivo comunitario ha solicitado a las autoridades españolas que le remitan sus observaciones y, una vez recibidos, evaluará las respuestas. En caso de que la Comisión reciba “información incontestable” que indique que España ha incumplido sus obligaciones, “se adoptarán las medidas adecuadas para garantizar la correcta aplicación de la normativa comunitaria”, señala el comisario de Medio Ambiente.
Dimas recuerda que, según la legislación comunitaria, las autoridades competentes tienen la obligación de emitir, con respecto a cada instalación, un permiso integrado basado en las mejores técnicas disponibles con el fin de garantizar un elevado nivel de protección del medio ambiente en su conjunto. Es asimismo obligación de las autoridades competentes garantizar que el titular cumpla las condiciones establecidas en el permiso durante la explotación de la instalación.
