La Comisión Europea lanzó hoy un ultimátum contra España exigiéndole que resuelva los problemas de residuos industriales sólidos en el estuario de Huelva. Como consecuencia de una acumulación constante a lo largo de más de cuarenta años, se han vertido hasta la fecha más de 120 millones de toneladas de residuos, lo que vulnera la legislación medioambiental comunitaria, según denunció el Ejecutivo comunitario.
“La naturaleza no es un basurero y los Estados miembros deben gestionar los residuos que producen cada año de una manera respetuosa con el medio ambiente. No me gusta ver cómo se vierten residuos sin planes de eliminación adecuados e insto a España a poner orden rápidamente al respecto”, dijo el nuevo comisario de Medio Ambiente, Janez Potocnik, en un comunicado.
El ultimátum adopta la forma de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción. Si en el plazo de dos meses no se ha resuelto la situación, el Ejecutivo comunitario podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
La Comisión considera que el hecho de que España haya permitido el almacenamiento de residuos industriales supone una infracción de la normativa medioambiental de la UE en materia de residuos, de prevención y control integrados de la contaminación y de vertido de residuos.
Más de 40 años de vertidos
Durante más de cuarenta años, los fabricantes de abonos han vertido residuos industriales en las marismas del río Tinto, cerca de la ciudad de Huelva. En total, 120 millones de toneladas de yeso fosforado, una sustancia que se forma cuando el fosfato reacciona con el ácido sulfúrico para producir abono, se han vertido en una superficie de 1.200 hectáreas, según los datos de Bruselas.
Las empresas interesadas recibieron una licencia industrial en 2008. Sin embargo, tras examinarla cuidadosamente, la Comisión cree que, al no considerar el yeso fosforado un residuo industrial ni aplicar a estas actividades los requisitos del derecho de la UE en materia de residuos, las autoridades españolas siguen infringendo varias leyes ambientales comunitarias.
y digo yo:
1.- ahora es un problema y antes no? = publicidad política
2.- Se demuestra con esto que no es un residuo peligroso sino tan solo un residuo industrial, mucho, pero sin mas peligro.
3.- las gestión del apilamiento cumple con toda la legalidad vigente tanto nacional como autonómico, otra cosa que las normas aquí no estén adaptadas a las exigencias europeas, pero no se puede llamar ilegalidad ni imprudencia a la empresa.
4.- Esto solo pasa en España? No, esto se hace en muchos países europeos pero solo preocupa en España, porque? = publicidad política, sin mas.