INMA GALLEGO
HUELVA. La puerta abierta al recurso de casación: “Nadie nos puede imponer nuestra forma de vivir”. Francisco Moro, concejal de Urbanismo y número 2 del alcalde, avanzó ayer desde la antesala del Pleno que el Ayuntamiento tomará “una decisión coherente con la posición que siempre ha mantenido en el caso Endesa” y garantizará “que se hará lo que pidan los ciudadanos, lo que menos les perjudique [...] y sea mejor para el futuro de Huelva”.
El equipo de Gobierno municipal del PP apurará hasta el lunes -fecha límite- para confirmar públicamente si tocará techo judicial contra la térmica, elevando el caso Endesa al Tribunal Supremo. El Colegio Oficial de Arquitectos ha condicionado su determinación a la opción final del Ayuntamiento. En cuestión de tres días, pues, se revelará de forma oficial si el Consistorio recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que obliga a conceder licencia municipal para el ciclo combinado que la eléctrica ha construido en la Punta del Sebo con la autorización cautelar del juez. Entre las transcendentes consecuencias que acarrea el fallo judicial se encuentra una indemnización millonaria por daños y perjuicios a negociar entre Endesa y el Consistorio.
El Pleno de ayer sirvió para redefinir un esquema de posiciones políticas, a instancias de la moción que llevó a la sesión Izquierda Unida para instar al Gobierno del PP a presentar el recurso ante el Supremo, recordando que “es lamentable que se imponga en Huelva lo que en Sevilla se ha rechazado por cuestiones medioambientales y de salud pública”, -esgrimió el portavoz municipal de IU, Pedro Jiménez,- “habida cuenta de que, por muy ciega que sea la Justicia, cualquiera puede ver que están insultando la inteligencia de los onubenses porque eso no es una obra de mejora y modernización, sino una nueva instalación. Y esto -prosiguió- es una aberración jurídica que perjudica claramente los intereses de los ciudadanos de Huelva, que están hartos de aparecer en la prensa como una de las ciudades más contaminadas de Europa”.
Partiendo de este argumentario, la coalición de izquierdas abrió la veda: “Señor alcalde, y señora Parralo, -instó Jiménez- ya es hora de que el pueblo de Huelva sepa lo que está pasando en la ciudad”.
Quedó abierto, pues, el interrogante de si los gobernantes recurrirán o no la sentencia del TSJA, a cuatro días vista de que se agote el plazo marcado por el juez.
Moro insistió en que no era el Pleno el marco propicio para debatir una decisión que, según informó, “nuestros servicios jurídicos analizarán hasta el último momento para estudiar desde todos los ángulos,cuál es la respuesta jurídica más coherente y que menos perjudique a los onubenses. No podemos caer en la tentación de dividir a la ciudadanía [...] La construcción del ciclo combinado no es un drama social [...] y esta situación, que no es una crisis, tenemos que tomárnosla como una oportunidad para la reflexión de cara al futuro”.
El PSOE fue más contundente en el pasillo, con las declaraciones previas de Manuela Parralo, que en el desarrollo del Pleno frente a sus adversarios. La portavoz socialista no se limitó a solicitar la dimisión de Moro como máximo responsable del Urbanismo municipal, por una gestión de “consecuencias catastróficas” [éste esgrimió en su defensa que todas las decisiones se tomaron conforme a la norma del PGOU y el bien general de la ciudadanía]. Responsabilidades aparte, ¿qué opina la oposición socialista del recurso al Supremo? Parralo, si quiera en el pasillo, decimos, lo dejó meridiano: “Hay que tomar una decisión realista. ¿Ustedes creen que alguien va a meter una pala ahí para derribar eso? Tal y como está planteada la sentencia, el Ayuntamiento tiene muy pocas posibilidades de ganar un recurso”. Populares y socialistas votaron en contra de la moción de IU, los segundo literalmente; los primeros apelando a un margen de tiempo. Tres días.
Fuente: http://huelvainformacion.es/172167_ESN_HTML.htm
Amén, que así sea. Ojalá.