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Greenpeace pide a la Unión Europea que investigue la contaminación química y radiactiva de Huelva

La organización solicita al Comité de Peticiones el cese inmediato de vertidos, que se declaren las balsas de fosfoyesos instalación radiactiva y un estudio epidemiológico

Greenpeace presentó ayer una petición ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo para solicitar que la Unión Europea investigue la violación de cuatro Directivas en el caso de los vertidos de fosfoyesos que afectan a la ciudad de Huelva desde hace 40 años. La asociación ecologista pide el cese inmediato de los vertidos, que el área se declare instalación radiactiva, la realización de un estudio epidemiológico independiente para conocer el impacto de este desastre ecológico en el salud de los onubenses y que las empresas que han provocado esta situación paguen los gastos de descontaminación de la zona.

El Comité de Peticiones, que se encarga de gestionar las denuncias de los ciudadanos por incumplimiento de la normativa comunitaria, puede ahora abrir una investigación a España por las violaciones de legislación comunitaria en Huelva.

El deterioro de la salud pública en Huelva

Greenpeace ha querido enfatizar la cuestión de la salud pública, ya que el grave problema que generan los fosfoyesos hacen que Huelva tenga un grave problema sanitario. Diversos estudios del Servicio Andaluz de Salud, CSIC y de la Universidad Pompeu Fabra, ponen de manifiesto que la mortalidad por cáncer en Huelva es la mayor de España. La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica afirma que Huelva es la ciudad con mayor tasa de asmáticos (14,6%).

En esta misma línea, el Colectivo Ciudadano por la Descontaminación de Huelva denunció una incidencia mayor de esterilidad, abortos, malformaciones de nacimiento, asma y otras afecciones respiratorias y enfermedades endocrinas en la zona.

La connivencia de las Administraciones central, autonómica y local

Otro de los asuntos claves es la connivencia de las Administraciones con las empresas responsables. El propio Ayuntamiento de Huelva ha negado reiteradamente que existan riesgos para la salud de los onubenses cuando ya en 1997, las conclusiones de un informe encargado por el pleno local advertía de los importantes efectos para la salud, el medio ambiente y la economía de la ciudad de la contaminación radiactiva y química. Esta situación se repite en las instituciones de la Junta. Un estudio del Servicio Andaluz de Salud de 1989 indicaba en sus conclusiones que “la situación sanitaria ambiental y social de Huelva demanda una investigación epidemiológica que evalúe el posible impacto en la salud de la población de la presencia de contaminantes en los distintos medios”. También el CSN, organismo encargado de la seguridad nuclear en España, actuó de forma incorrecta enterrando las cenizas radiactivas procedentes del accidente de Acerinox de 1998 en las marismas de Mendaña. Estos residuos tendrían que haber sido gestionados como residuos radiactivos, ya que los niveles de radiactividad superan 3.500 veces lo permitido. Por otra parte, este organismo no puede hacer la vista gorda ante la evidencia de que los niveles de radiactividad en las balsas de fosfoyesos supera decenas de veces los límites legalmente permitidos poniendo en riesgo la salud pública y del medio ambiente.

La Junta ha asumido los gastos de restauración en lugar de cargarlo a las empresas

La Junta pagó en 1990 la restauración de las marismas del Pinar, ocupadas por millones de toneladas de fosfoyesos vertidas por Fertiberia. Nada menos que 10,7 millones de euros por la cubrición de los residuos pagados con dinero público. A pesar de este gasto, las marismas siguen siendo una fuente de contaminación tal y como recoge el tercer informe del CSIC. La Junta eximió también a Fertiberia de limpiar los terrenos contaminados en los que tenía su sede en Sevilla, que hasta la fecha se mantienen abandonados.

Fertiberia ya ha manifestado en varias ocasiones que no va a asumir los costes de la descontaminación de la balsas de fosfoyesos.

Las Directivas vulneradas son:

Directiva 96/61 de Prevención de la Contaminación (Directiva IPPC):

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Por la manifiesta intención de no recuperar las marismas del Tinto cuando cese la actividad tal y como ha declarado en reiteradas ocasiones las empresas Fertiberia y FMC-Foret.
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Por la falta de impermeabilización de las balsas, que además superan los 20 metros de altura sobre la marisma, muy por encima de los 3 metros permitidos.
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Por la utilización continuada de una tubería de descarga ilegal al estero del Rincón como demuestran las fotos de satélite.
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Porque el supuesto circuito cerrado de las balsas no existe, puesto que se vierte desde la propia balsa de seguridad y existen reboses en diferentes puntos del resto de las balsas.

Directiva Marco de Residuos:

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Por el vertido continuado a las marismas del Tinto de líquidos con elevada carga de sólidos en suspensión y metales pesados como Plomo, Arsénico, Mercurio, Cadmio, Zinc y Cobre en cantidades que superan los límites permitidos por esta directiva (tal y como demuestran dos condenas judiciales contra Fertiberia y las analíticas oficiales).
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Por la contaminación de los acuíferos debida a la falta de impermeabilización de las balsas de fosfoyesos.
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Por la utilización de estos residuos caracterizados como tóxicos y peligrosos para la corrección de suelos en las marismas del Guadalquivir, con lo que han extendido la contaminación.

Las Directivas de Hábitats yAves:

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Por la degradación de las marismas del Tinto tanto en las zonas de vertido como en las zonas revegetadas, donde los metales pesados y radiactivos han entrado a formar parte de la cadena trófica perjudicando tanto a fauna como a flora.

Directiva EURATOM-96/29-S:

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Los residuos superan los niveles de radiactividad permitidos entre 20 y 30 veces.
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La marisma de Mendaña acoge el CRI 9, donde la Administración ha enterrado 7.131 toneladas de material radiactivo contaminado por Cesio 137 con niveles de radiactividad de hasta 3.500 veces el máximo permitido. Además, la peligrosidad del área no está señalada.

“Es inadmisible el riesgo al que se está sometiendo a la ciudadanía de Huelva. Este problema debería ser prioritario para las Administraciones. La Junta de Andalucía no sólo hace caso omiso a estudios que alertan sobre la problemática ambiental y su relación con las afecciones a la salud, sino que tiene un actitud totalmente permisiva con las empresas contaminantes. Greenpeace ha decidido ir a Bruselas porque las autoridades españolas no remedian la catástrofe ambiental que se vive en Huelva”, afirmó Julio Barea, reponsable de la campaña de Aguas de Greenpeace.



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